*Por Gabriel Parra, Analista Regional de Políticas Digitales Senior de la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI).
En diciembre de 2021 el Senado de Chile aprobó un proyecto de ley sobre los neuroderechos y las neurotecnologías. La propuesta fue remitida a la Cámara de Diputados, donde actualmente está siendo tramitada con mensaje de urgencia de discusión inmediata.
Su finalidad es elogiable: proteger la integridad física y psíquica de las personas. Sin embargo, la iniciativa adolece de problemas importantes como lo son la premura con la que ha sido discutida, fallas en el texto mismo y las consecuencias no deseadas que podría generar. Su sorpresivo avance deja una lección valiosa para Latinoamérica: la región tiene una oportunidad formidable de liderar la discusión global en regulaciones del futuro, pero esa capacidad de liderazgo no debe traducirse en reglamentaciones de baja calidad, aprobadas sin discusión y con apremio.
¿Qué son las neurotecnologías y los neuroderechos?
Las neurotecnologías son dispositivos o herramientas que, a través de una conexión directa con el cerebro, recopilan datos neuronales o modifican el funcionamiento neuronal en el sistema nervioso central. Como están en etapa prematura de desarrollo, aún no existe un consenso definitivo entre académicos, sociedad civil, gobiernos y tecnólogos sobre sus verdaderos alcances.
Presentado como una adición al marco internacional de derechos humanos, el concepto de neuroderechos busca resguardar la actividad cerebral ante potenciales riesgos asociados al avance de las neurotecnologías. Esta idea es controversial porque asume que los derechos humanos, que consagran el derecho a la privacidad por ejemplo, resultan insuficientes y que, ante el avance de tecnologías disruptivas, sería necesario crear nuevos derechos y protecciones específicas para cada una.
El Proyecto de Ley de Neuroderechos
A pesar de sus buenas intenciones, El Proyecto de Ley chileno de Neuroderechos y Neurotecnologías es problemático. La propuesta ha sido tramitada con afán y sin que hubiera previamente una discusión amplia y diversa que involucre a todas las partes interesadas y potencialmente afectadas por la iniciativa. Tratándose de la primera normativa en el mundo de las neurotecnologías, el mensaje de urgencia de discusión inmediata que obliga a la Cámara a tramitar el proyecto en menos de seis días (una vez finalice el receso legislativo) no solo resulta inexplicable, sino profundamente inconveniente.
El texto en sí mismo presenta fallas sustanciales. Sus definiciones amplias, por ejemplo, podrían ser aplicables a productos que no se buscan regular con esta ley, como los wearables. Adicionalmente, las atribuciones de registro, evaluación y supervisión de tecnologías de punta que se asignan a servicios de salud pública resultan inadecuadas ya que estos no cuentan con las competencias técnicas ni los recursos necesarios para llevar a cabo dichas obligaciones.
El proyecto, además, acarrearía consecuencias no deseadas. Por ejemplo, podría impactar negativamente en el acceso a neurotecnologías por parte de personas con discapacidades que se benefician (o podrían beneficiarse) de los avances de las neurociencias. El modelo de responsabilidad solidaria y objetiva, por último, es un obstáculo importante para la investigación y la innovación. Este tipo de obligaciones suelen verse en casos extremos, como el de la energía nuclear.
Implicancias para Latinoamérica
Chile demostró que Latinoamérica puede ejercer un rol de liderazgo en la discusión global de tecnologías de frontera. Al mismo tiempo, de ser aprobado en su estado actual, el proyecto de neuroderechos sería un mal ejemplo para el resto del mundo.
Latinoamérica podría capturar esta oportunidad pero habiendo aprendido la lección. La Ley de Neuroderechos en Chile es en esencia una “micro-ley” de datos, con énfasis en datos neuronales. Si la finalidad de iniciativas como esta es proteger los derechos de las personas ante riesgos asociados a nuevas tecnologías, este objetivo podría alcanzarse de manera más sistémica y a prueba de nuevos desafíos a través de una regulación sólida de protección de datos personales. Actualmente, Ecuador, Costa Rica y el mismo Chile vienen trabajando en actualizaciones a sus normativas de datos personales: ese es el espacio indicado para concentrar esfuerzos y construir normativas que sean a la vez robustas y flexibles de cara a un futuro siempre cambiante.
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