• Observa un Impacto desproporcionado en MiPyMEs y emprendedores: las retenciones propuestas sobre ingresos brutos reducen su liquidez inmediata, lo que limita su capacidad de reinversión, crecimiento y generación de empleo formal.
• Riesgos para la formalidad y la inclusión: al elevar los costos de operación, se incentiva la informalidad, se debilita la inclusión financiera y tributaria, y se afecta la trazabilidad de operaciones que hoy promueven transparencia y acceso a crédito.
• Necesidad de proporcionalidad y eficiencia: gravar ingresos brutos en lugar de utilidades rompe el equilibrio fiscal y genera devoluciones y trámites excesivos, mientras que un esquema proporcional y eficiente fortalecería la recaudación sostenible y la permanencia en la formalidad.

Desde la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), reconocemos la legítima necesidad del Estado mexicano de fortalecer la recaudación y avanzar hacia un sistema tributario más justo que contribuya a la prosperidad compartida. Sin embargo, el incremento propuesto en las retenciones aplicables a operaciones en plataformas digitales plantea riesgos relevantes para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) y pequeños empresarios, que constituyen la columna vertebral de la economía nacional y son responsables de la generación de la mayoría de los empleos en el país.

En la propuesta de Paquete Económico se propone una retención de 4% sobre ingresos brutos a empresas que realicen actividades a través de plataformas. Esto impactaría de manera desproporcionada a estas empresas, que operan con márgenes reducidos. Al limitar su liquidez, se restringe su capacidad de reinvertir, innovar y crecer, lo que a su vez reduce su potencial para generar empleos formales y contribuir de manera sostenida al desarrollo económico.

Asimismo, también se prevé un incremento a la tasa de retención de ISR del 1% al 2.5% sobre ingresos brutos a las personas físicas que enajenen bienes o presten servicios a través de plataformas digitales. Estas personas suelen tener altos costos, lo que hace que su utilidad disminuya y pueda incluso ser negativa al incorporar este tipo de retenciones.

Dado lo anterior, es sumamente importante que la autoridad tenga la claridad de que el CFDI emitido por la plataforma digital de intermediación por concepto de “comisión del servicio digital” sí es pagado por la persona moral y física que enajena bienes a través de la misma plataforma.

El diseño fiscal en discusión podría tener efectos contrarios a los buscados:

• Reducir la liquidez inmediata de los pequeños negocios y personas emprendedoras, limitando su capacidad de crear empleos y crecer.
  
  
• Incentivar la informalidad y debilitar la inclusión financiera y tributaria.
  
  
• Reducir la trazabilidad de las operaciones, fragmentando un ecosistema digital  que hoy permite transparencia y acceso a créditos.
  
  
• Frenar avances en igualdad de género, al limitar la participación de mujeres emprendedoras en la economía formal.
  
  

El comercio electrónico se ha consolidado como un motor de inclusión social, territorial y financiera, permitiendo que miles de MiPyMEs accedan a mercados más amplios, herramientas de financiamiento y oportunidades de crecimiento. Por ello, un esquema de retenciones basado en los principios de proporcionalidad y eficiencia recaudatoria no solo protegería su liquidez, sino que fortalecería la formalización y garantizaría una recaudación sostenible en el tiempo.

• Proporcionalidad tributaria: es fundamental que las cargas fiscales reflejen la capacidad real de las empresas. En el caso de las MiPyMEs, aplicar retenciones sobre ingresos brutos y no sobre utilidades rompe ese equilibrio: significa inmovilizar recursos vitales y limitar de raíz su capacidad de invertir, crecer y generar empleo.
  
  
• Eficiencia recaudatoria: un esquema eficaz no solo recauda, también facilita el cumplimiento y fortalece la confianza en la autoridad. Cuando las retenciones exceden el impuesto real, se multiplican devoluciones y trámites, lo que desgasta a los contribuyentes y a la propia administración. La eficiencia exige mecanismos que incentiven la permanencia en la formalidad y liberen recursos para combatir la evasión real.

Por todo lo anteriormente expuesto, atentamente solicitamos al Congreso de la Unión y a las autoridades fiscales del país que reconsideren la propuesta y mantengan el régimen vigente.

Estamos convencidos de que, a través del diálogo, es posible encontrar un equilibrio que combine la solidez de las finanzas públicas con la protección de las MiPyMEs, asegurando así la continuidad de un desarrollo económico incluyente y competitivo que beneficie a todo el país.