Una Comisión Mixta del Congreso chileno aprobó recientemente modificar el Código Procesal Penal para permitir al Ministerio Público solicitar datos personales de cualquier ciudadano a todo proveedor de servicios, sin orden judicial previa, mecanismos de transparencia ni de rendición de cuentas que permitan controlar el uso de una herramienta de vigilancia que, además, puede ser utilizada para la investigación de cualquier delito.

Vemos esta propuesta con preocupación ya que podría vulnerar derechos fundamentales, como el de la Privacidad.

Lee aquí la declaración pública completa a la que adscribimos junto a las organizaciones firmantes: