Por Gonzalo Navarro
Director Ejecutivo de ALAI
En los últimos meses hemos asistido al fenómeno de pandemia producida por la COVID-19, con sus cuarentenas obligatorias y otras medidas de aislamiento social. Muchos productos y servicios digitales se han convertido en piezas fundamentales a la hora de mantener en funcionamiento la economía y resguardar y dar seguridad a parte de la población. El trabajo remoto, los procesos electrónicos de pago, la educación a distancia, la telemedicina, las formas de comunicación a distancia y los medios de entretenimiento digitales son sólo algunos de los ejemplos más visibles en nuestro día a día.
Esta situación nos llevará a cuestionarnos en algún momento la eficacia y la implementación de diversas herramientas regulatorias que se venían aplicando en la región respecto de la economía digital. El desafío es enorme, sin duda, pero se hace imprescindible analizarlo en profundidad si queremos avanzar hacia un desarrollo armónico y eficiente en el uso de estas tecnologías en beneficio de nuestra región. En ALAI veníamos insistiendo desde hace un tiempo en la detección de tres grandes brechas cuya resolución, más aún en el contexto actual, se presentan como urgentes.
La primera tiene que ver con la conectividad. Según diversos estudios, aún un 45% de la población latinoamericana no cuenta con acceso a Internet o accede con capacidad limitada. En una situación como esta, el acceso ha demostrado ser un elemento diferenciador que ha permitido a mucha gente quedarse en su casa trabajando, estudiando o asistiendo a turnos médicos a la distancia, pero queda muchísimo por hacer para aumentar la cobertura hacia muchos usuarios.
La segunda está relacionada con la inclusión financiera digital. Durante la cuarentena, las plataformas y los servicios en línea permitieron que la economía siguiera funcionando: el comercio electrónico se potenció en algunos rubros –en especial en alimentación, insumos médicos y farmacéuticos y productos de limpieza- y los servicios de delivery de última milla activaron las entregas. Sin embargo, el eslabón débil en este aspecto resultaron ser los instrumentos financieros para efectuar o recibir los pagos. En la mayoría de los países de la región un número muy limitado de la población adulta tiene acceso a medios de pago digitales, lo que inmediatamente excluye a una parte mayoritaria de este tipo de herramientas.
La tercera brecha está ligada a la educación en las habilidades necesarias para el ecosistema digital. América Latina necesita modificar su aproximación en términos de qué capacidades enseña a su población para que pueda insertarse en las cadenas productivas de valor de la nueva economía.
La crisis de la COVID-19 deja –y dejará- efectos directos y colaterales muy negativos. Pero también una importante lección que debe ser atendida ya: los actores públicos y privados latinoamericanos debemos, con urgencia, revisar y repensar ya los mecanismos para facilitar una verdadera transformación digital en la región y prepararnos, ahora sí, para dar un salto cualitativo e integrador de los beneficios que puede aportar la tecnología en beneficio de nuestros usuarios.