No siempre las palabras representan con fidelidad aquello que designan. Es el caso del modelo conocido como “contribución justa” (“fair share”), que propone que las grandes plataformas de Internet contribuyan al despliegue de las redes de telecomunicaciones. 

Se trata, en esencia, de un esquema injusto, ya que le quita recursos a un actor del ecosistema para redireccionarlo a otro que no tiene problemas de viabilidad, ya que el sector telco reporta ganancias, muestra demanda sostenida y posee capacidad de inversión. 

Pero además carece de fundamento económico y promueve la intervención estatal y regulatoria en un mercado que no la requiere, ya que no presenta anomalías y funciona razonablemente bien.

La compensación por contribución mutua

La discusión sobre el fair share también tiene, siguiendo con la misma paradoja, ribetes de cierta injusticia. Es verdad que las telcos invierten en la infraestructura de base y que las big tech desembolsan millones de dólares en este mismo rubro, aplicados a cables submarinos, centros de datos y redes de distribución de contenidos (CDN, por sus siglas en inglés), todo para transportar sus contenidos más cerca de donde están los usuarios.

Pero también es cierto que otros actores intermedios, incluyendo proveedores de servicios de nube, redes de distribución de contenidos, data centers y puntos de intercambio de tráfico, colaboran para llegar al consumidor con la mejor calidad posible.

Un ejemplo de esto son los acuerdos de peering, cuando dos redes intercambian tráfico, en el 90% de los casos sin costos, en un esquema que termina balanceado. 

No son gratuitos porque el mercado ya resolvió cuánto un actor del ecosistema debe pagar a otro: cero. Hay miles de acuerdos de peering en el mundo entre proveedores de contenidos y empresas de acceso bajo estas condiciones. La contribución mutua, al final del recorrido, se compensa.

En esta misma línea, las plataformas contribuyen con un enorme esfuerzo de inversión y con valor agregado que da sentido al negocio: nadie contrataría conectividad “porque sí”. La razón para hacerlo es para utilizar aplicaciones o consumir contenidos.

Experiencias sin resultados positivos

El debate ya llegó a Latinoamérica, como cita un artículo de DPL News en el que fue entrevistado Raúl Echeberria, Director de ALAI. 

Brasil se convirtió en uno de los primeros países de la región en los que la discusión cobró cierta formalidad: la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) realizó una consulta pública sobre las obligaciones que tienen las plataformas de contenidos.

Si bien las realidades no se pueden extrapolar, existen algunos antecedentes que podemos analizar. En Europa la reacción de la comunidad fue muy negativa y si bien quedó la puerta abierta para un debate futuro, no hay un roadmap claro. En Corea del Sur, en cambio, se llegó a implementar este modelo, pero aún no exhibe resultados positivos.

El desafío: cerrar la brecha de conectividad

En nuestra región existen enormes desafíos financieros para incluir a los 240 millones de latinoamericanos que no están conectados.

La solución no está en implementar un parche que no ha generado resultados en el resto del mundo ni en seguir cometiendo los mismos errores. Si los proveedores de contenidos tuvieran que pagar a las redes, sería un desincentivo para traer los contenidos más cerca. Los perjudicados serán los usuarios: buscar los contenidos más lejos implica costos de accesos más caros y peores tiempos de latencia.

Para cerrar la brecha, necesitamos planes concretos y sostenibles para crear y mantener esas conectividades. En Latinoamérica dedicamos mucha energía a temas regulatorios que no son fundamentales. Es momento de pensar con una mirada más abierta y debatir, entre todos los actores del ecosistema, cómo utilizar el poder transformador de las nuevas tecnologías para acelerar nuestras estrategias de desarrollo, no solo en lo económico, sino también en lo humano y lo social.

Fuente: Los usuarios y los contenidos pierden si las plataformas tienen que pagar a las redes: ALAI.