Las organizaciones firmantes, representantes del ecosistema tecnológico, digital y de innovación en Chile, manifestamos nuestra preocupación frente al actual avance de la discusión legislativa en la Comisión de Ciencias de la Cámara de Diputados, en materias que resultan estratégicas para el desarrollo futuro del país.

Valoramos el interés del Congreso Nacional por abordar los desafíos asociados a la inteligencia artificial, la economía digital y la protección de los derechos de las personas; no obstante, advertimos que la forma en que se está desarrollando esta discusión presenta desafíos de alineamiento con el contexto institucional, político y técnico actual.

Chile ha iniciado un nuevo ciclo. Ha cambiado el Gobierno, se ha renovado la composición del Congreso y de sus comisiones, y han evolucionado las fuerzas políticas que configuran las prioridades del país. Sin embargo, la discusión legislativa en estas materias continúa avanzando sin que se haya producido una revisión sustantiva que permita incorporar esta nueva realidad.

Nos preocupa que se esté legislando sobre cuestiones estructurales —que incidirán por décadas en el desarrollo tecnológico, la innovación, el emprendimiento y la competitividad del país— sin haber generado previamente un espacio suficientemente amplio de actualización, análisis técnico y escucha a los distintos actores del ecosistema.

En este contexto, resulta especialmente relevante que recientes tramitaciones legislativas en materias altamente sensibles y complejas, como los proyectos relacionados con neuroderechos y la regulación de contenidos generados mediante inteligencia artificial (deepfakes), consideren niveles adecuados de deliberación técnica, coordinación institucional y participación amplia, acordes a la complejidad de estas materias. Este tipo de precedentes no parece conveniente, considerando la incidencia estructural que este tipo de regulaciones puede tener en el desarrollo del país.

En particular, advertimos:

● Falta de coherencia institucional: Mientras el Ejecutivo ha planteado la necesidad de avanzar hacia enfoques regulatorios equilibrados, basados en evidencia y orientados a no frenar la innovación, en el Congreso se observa el avance de iniciativas en direcciones que podrían no reflejar plenamente dichos criterios.

● Desalineación con el nuevo contexto político y legislativo: La renovación de autoridades exige reabrir discusiones, revisar supuestos y asegurar que quienes hoy deben decidir cuenten con todos los antecedentes necesarios.

● Insuficiente participación técnica: resulta necesario fortalecer la incorporación sistemática de la academia, la industria y los expertos, así como la adecuada consideración de la experiencia comparada.

● Riesgo de decisiones apresuradas: La velocidad en la tramitación de estos proyectos podría derivar en marcos regulatorios que afecten negativamente la inversión, la innovación y el desarrollo tecnológico del país.

Estas materias requieren un tratamiento distinto. No se trata de proyectos de alcance acotado, sino de definiciones que estructurarán la relación entre tecnología, derechos fundamentales y desarrollo económico en Chile.

Por ello, estimamos indispensable:

● Revisar el estado actual de la discusión legislativa en la Comisión;

● Alinear su tramitación con una definición clara de política pública por parte del Ejecutivo;

● Abrir un proceso amplio, técnico y participativo que incorpore a la academia, la industria y los distintos actores del ecosistema;

● Y asegurar que cualquier avance se sustente en evidencia, estándares internacionales y una evaluación rigurosa de impacto.

Reiteramos nuestra disposición a colaborar activamente en este proceso. Sin embargo, creemos firmemente que Chile necesita una discusión regulatoria en estas materias que sea coherente, informada y acorde con los desafíos del desarrollo tecnológico, y no el resultado de procesos que requieren mayor articulación y profundidad técnica.

El país enfrenta una oportunidad histórica. Las decisiones que se adopten hoy deben estar a la altura de ese desafío.

Firman:

Cámara de Comercio de Santiago A.G. (CCS).

Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información A.G (ACTI).

Asociación de Legaltech de Chile.

Information Technology Industry Council (ITI).

Asociación Latinoamericana de Internet, ALAI.