- La Gobernadora de Chihuahua propuso un impuesto sin precedentes que grava la actividad a través de las plataformas digitales de reparto.
- De aprobarse, esta medida impactaría negativamente a las personas repartidoras, dificultaría la operación de pequeñas y medianas empresas y pondría en riesgo su supervivencia en el mercado.
- ALAI hace un llamado respetuoso a la Gobernadora para reconsiderar esta propuesta y priorizar políticas que impulsen la innovación, el emprendimiento y el desarrollo económico en Chihuahua.
La Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) expresa su preocupación por la propuesta incluida en el paquete económico 2024 del Estado de Chihuahua, que establece un “aprovechamiento” del 1.5% a las comisiones cobradas por las plataformas digitales de reparto de alimentos y otros bienes.
Esta medida no solo reproduce un esquema tributario previamente declarado inconstitucional en la Ciudad de México, sino que también:
- Genera discriminación contra las PyMEs, las cuales dependen en mayor medida de las plataformas digitales para competir en igualdad de condiciones frente a grandes empresas con capacidades propias de reparto.
- Impacta negativamente a repartidores, consumidores y pequeños comercios, encareciendo los servicios de reparto, disminuyendo las ganancias de los repartidores y afectando la competitividad del sector restaurantero, compuesto en su mayoría por pequeñas y medianas empresas.
- Viola acuerdos internacionales, incluyendo los compromisos de los países de la OCDE de no imponer nuevos gravámenes a la economía digital y potencialmente el capítulo de comercio electrónico del T-MEC.
Estas acciones impactarán directamente las ganancias de los repartidores y repartidoras quienes, en muchos casos, encuentran en este trabajo una de las pocas opciones disponibles en un entorno laboral marcado por la precariedad y la falta de opciones.
Además, es crucial destacar, que más del 70% de las empresas que usan las plataformas son MIPyMEs. Mientras tanto, las grandes empresas restauranteras, que cuentan con sus propios servicios de reparto, quedarían exentas de este impuesto. Esto convierte a esta medida en una acción discriminatoria que perjudicaría gravemente la capacidad competitiva de los pequeños negocios, incrementando aún más las desigualdades en este sector.
La implementación de este tributo desincentiva el desarrollo de la economía digital, un motor clave para el crecimiento económico y la inclusión en mercados globales. La afectación que esta medida tendría en las cadenas de valor y en las familias que dependen de estos servicios es incuestionable.
ALAI hace un llamado al Gobierno del Estado de Chihuahua para reconsiderar esta propuesta, priorizando políticas públicas que impulsen la digitalización, apoyen a las PyMEs y promuevan la competitividad en un entorno de innovación.