Entrevista a Luis Antonio González Flores
Desde ALAI conversamos con Luis Antonio González Flores, Partner at Sánchez DeVanny Eseverri, S.C. En esta nota nos ofrece un panorama pormenorizado sobre los impuestos digitales en México y cómo afectan al desarrollo económico del país.
Luego de meses de discusiones entre distintos sectores de la economía y la política mexicana, este 1 de junio comenzó a regir el cobro del IVA a los usuarios que acceden a las distintas plataformas digitales. Los gravámenes a la economía digital constituyen un tema que se viene abordando en la región desde hace tiempo con el análisis de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Uno de los principales inconvenientes proviene de la esencia de la economía digital que es su carácter global, lo que complica la nacionalización de los diferentes impuestos.
González Flores fue parte de ese proceso de análisis y nos ayuda a entender la complejidad de esta situación en el contexto de la crisis provocada por la pandemia global. “La economía digital no es una parte aislada de la economía, sino que es la propia economía”, comienza aclarando el profesional. Y esto se acentúa en este marco en que la transformación digital se vio acelerada. Esta situación genera el reto para los Estados de crear gravámenes para poder recaudar, pero teniendo en cuenta las particularidades propias de las nuevas actividades, principalmente, la característica global de las plataformas y sus diferentes modelos de negocio.
Desde la OCDE se estableció como forma de recaudación el impuesto al consumo, es decir, el IVA que se cobra a los usuarios finales y que las plataformas recaudan como intermediarias y luego transfieren al Fisco. Este mecanismo es el que comenzó a regir en México desde el 1 de junio, sin embargo, faltan muchas especificaciones para adaptar el cobro, la retención y la presentación de datos de cada tipo de plataforma. Es por eso que se requeriría de mayor tiempo para la implementación, reclamo del que nos hemos hecho eco desde ALAI en estas semanas.
México: la falta de leyes secundarias y su dificultad para aplicar el impuesto
Tras un proceso de diálogo entre el gobierno mexicano y varios actores en ambas Cámaras del Legislativo, el Paquete Fiscal se aprobó en noviembre del 2019 y entró en vigor en enero del 2020, quedando las plataformas digitales como retenedores del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto sobre la Renta (ISR). Pero veamos en detalle y en palabras del experto cómo se llevó a cabo.
“De acuerdo a las recomendaciones de la OCDE hay dos tipos de receptores en el uso de las plataformas digitales: un receptor como empresa en una relación B to B, (Business to Business) o una relación B to C (Business to Consumer)”, explica González Flores. Esto es importante a tener en cuenta a la hora de gravar la actividad. Sin embargo, en México no se distinguieron estas características.
Además de impactar siempre en el usuario final y de no estar claras las especificaciones secundarias sobre los distintos modelos de negocio, el tercer inconveniente que pueden traer estos impuestos es el regreso de los pequeños emprendedores y pymes a la informalidad económica.
“Es un tema que a nivel internacional se analizó, muchos de los países están conscientes de lo que la economía informal puede representar. En países como el nuestro el reto es mayúsculo. No es lo mismo comparar las economías europeas con los países de Latinoamérica, donde la economía informal es un número muy alto”, argumentó el especialista.
Los emprendedores encontraron en las plataformas un espacio donde poder crecer y, además, abandonar la informalidad. Esto también es beneficioso para el Fisco porque le permite tener más ingresos. Si no se contempla esta situación, estos trabajadores podrían regresar a la informalidad, y en consecuencia, dejar de pagar impuestos.
Y si bien existen algunas contemplaciones en este sentido, aún no están especificadas claramente las excepciones o beneficios. Lo mismo ocurre con sectores que tienen que ver con el desarrollo cultural y educativo de los ciudadanos.
Así lo entiende González Flores: “La reforma prevé ciertas excepciones que ya venían en la ley anterior. No son propias de la economía digital, sino que ya la legislación anterior del IVA exceptuaba a ciertos negocios de pagar, por ejemplo la descarga de libros. Pero, el tema de la educación en línea si se está considerando gravar. Esto puede causar temas legales de inconstitucionalidad, ¿por qué distingo entre una prestación a nivel digital versus una prestación física de un mismo servicio?”.
Una reforma que aún requiere especificaciones
Luego de una extensa charla, el especialista nos dejó estas reflexiones que ponen en claro las especificaciones que aún le faltan al nuevo sistema de impuestos: “Con la reforma en materia de IVA afectando a la economía digital en México el impacto más importante que tiene en la economía como tal es la carga en materia de cumplimiento de obligaciones a las plataformas y a los residentes en el extranjero que venden este tipo de servicios digitales”.
Las plataformas deben hacerse cargo bajo esta legislación de la recaudación y envío al fisco del impuesto, cumpliendo con todas las declaraciones e información que se requiere en materia de estas operaciones. Ese es un impacto que van a tener que absorber las empresas y las plataformas y que a su vez les va a reducir sus márgenes de utilidad en esa proporción.
“Otro aspecto importante es a nivel de las empresas pymes y medianas en que este costo operativo que les puede representar todo este cumplimiento los puede estar afectando en forma muy relevante en sus utilidades. Y tendrán que valorar la necesidad de permanecer en estas plataformas o salirse de ellas, lo cual impactaría mucho a nivel de economía digital”, explicó González Flores. La transformación digital acelerada en estos tiempos deja en claro la importancia del uso de plataformas y comercio electrónico para el crecimiento de las pequeñas empresas en México y el mundo.
Todos estos impactos en la economía digital, y la falta de especificaciones para todos los modelos de negocio y adaptaciones por rubros y países hacen de esta aplicación de impuestos un proceso acelerado que podría converger en una retracción del desarrollo económico.