Por Sérgio Garcia Alves, Gerente de Políticas Públicas, Brasil
La Cámara de Diputados de Brasil realiza un importante trabajo para promover los entornos de libertad, responsabilidad y transparencia en Internet, continuando los debates promovidos también por el Senado Federal.
En ese sentido, los congresistas han considerado parcialmente las contribuciones del sector privado y la sociedad civil para la mejora del Proyecto de Ley nº 2.630/2020, que tenía como objetivo original combatir la desinformación en Brasil.
Recientemente, el PL nº 2630/2020 pretende “establecer normas, lineamientos y mecanismos de transparencia para los proveedores de redes sociales, buscadores y servicios de mensajería instantánea a través de Internet, así como lineamientos para su uso.” Esto crea un nuevo sistema de regulación para las plataformas en Brasil, con asuntos de relevancia que aún no han sido agotados en las discusiones en el Parlamento y por la sociedad.
En la versión de 31 de marzo, el Proyecto limitó los criterios de sanción y amplió los plazos de vigencia de la ley, puntos fundamentales para la previsibilidad de la prestación de servicios a la comunidad brasileña; sin embargo, aún hay temas sensibles en relación a (i) calificación de plataformas como medios de comunicación social; (ii) obligación; y (iii) objeto del Proyecto.
El primer tema sensible es la calificación de las plataformas como medios de comunicación social. Este tema es problemático, pues determina qué plataformas deben asumir responsabilidades editoriales sobre los contenidos de sus propios usuarios, lo cuál entra en conflicto con la ley Marco Civil de Internet que actualmente rige.
Además, los proveedores de redes sociales, herramientas de búsqueda y mensajería instantánea no están constitucionalmente calificados como medios de comunicación social. Por lo que, es posible destacar la vulneración del proceso legislativo constitucional, ya que dicha equivalencia no puede efectuarse a través de la ley ordinaria.
El segundo tema sensible es acerca de las obligaciones problemáticas con las plataformas. Se destacan las obligaciones relacionadas con la transparencia, que condicionan la publicación de informaciones innecesarias para combatir las noticias falsas (fake news), como informaciones que indiquen el número total de usuarios que acceden a los proveedores desde conexiones situadas en Brasil.
Además de exponer dicha información e ignorar que las plataformas dimensionan sus usuarios de maneras distintas, la obligación en relación a la representación legal debilita e interfiere con la libertad de las plataformas para organizar su modelo de negocio en una Internet libre y global.
El tercer tema sensible es la descontextualización del asunto relacionado con la remuneración de los contenidos periodísticos. Este es un tema que no está directamente ligado al cumplimiento del objetivo del Proyecto y tampoco fue objeto de debates necesarios en el Congreso.
Por su importancia y complejidad, lo más razonable sería tener un proyecto de ley propio, a fin de evitar que se establezcan soluciones imperfectas y experimentales en un contexto de cambio constante. Mantener este asunto en este importantísimo Proyecto incentiva una mayor concentración de poder, adopta mecanismos despreciados por otros países para remunerar contenidos periodísticos y pone en riesgo la propia lucha contra la desinformación, así como el acceso democrático a la información.
En el contexto de votación de la urgencia y mérito del PL nº 2630/2020, un nuevo PL nº 836/2022, de 5 de abril, surge con la propuesta de establecer el “marco legal para los proveedores de mensajería y redes sociales y establece reglas para la educación sobre el uso de los medios de comunicación”.
El PL nº 836/2022 se refiere a temas relacionados con el PL 2630/2020, pero con diferentes enfoques sobre transparencia, garantías de los usuarios, combate al discurso del odio, reglas sobre cuentas de interés público (agentes políticos), remuneración periodística, autorregulación, representación legal de las plataformas en Brasil, sanciones y educación sobre el uso de los medios de comunicación.
Es prematuro prever cómo caminarán los dos textos y otros proyectos de ley con asuntos próximos. El país tampoco conoce si nuevas reglas para el uso de Internet y redes sociales regirán para el contexto de las elecciones generales de octubre en Brasil. Cualquier cambio normativo en ese momento, será de difícil implementación.
Bajo el contexto anteriormente descrito, la ALAI reitera su compromiso con la mejora del marco legal brasileño para Internet y continúa participando activamente en audiencias públicas, diálogos con autoridades de los tres poderes y representaciones de sectores interesados.