La co-regulación entre el sector privado, los gobiernos y la sociedad civil y una mayor alfabetización digital de los usuarios son algunos de los puntos clave para combatir esta problemática para la que aún no se ha encontrado una solución sustentable.

*Por Sissi De La Peña, Gerente Regional de Comercio Digital y Organismos Internacionales de ALAI

El régimen de regulación de Internet que ha preponderado en los últimos años es, paradójicamente, el de la falta de regulación: no se trató de un descuido ni de ausencia de interés, sino de que la velocidad de cambio y la evolución de las tecnologías y de los paradigmas involucrados son muy vertiginosas para el ritmo que suele tener la creación de normativas. Al mismo tiempo, emerge en paralelo otro desafío: la universalidad de las plataformas y servicios de Internet contrasta con la pluralidad de culturas y de los valores socialmente reconocidos de las distintas jurisdicciones del mundo: es esencial encontrar equilibrios aceptables a nivel global que no trastoquen principios regulatorios propios de cada nación.

La existencia de encuentros como El Futuro Regulatorio Digital, organizado por el Senado de México, la Asociación de Internet MX y el  Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en el marco del Día de Internet, es muestra de que los diferentes actores estamos tratando de encontrar los mecanismos y consensos para salvaguardar el futuro de la red en temas tan importantes como la protección de la libertad de expresión. 

También el Diálogo de las Américas por la Libertad de Expresión en Internet convocado por la RELE o el Día Mundial de la Libertad de Prensa celebrado por UNESCO, en los que ALAI estuvo participando, surgen como respuesta a este enorme reto que enfrentamos como sociedad. Por otra parte, el 28 de abril la Unión Europea y los Estados Unidos presentaron una Declaración sobre el Futuro de Internet en la que se exponen se afirma que Internet debe reforzar los valores democráticos, las libertades fundamentales y los derechos humanos. Fue firmada por sesenta países (entre ellos Perú) y se llegó al acuerdo de que todos los socios se pondrán en contacto con todas las partes interesadas pertinentes de todo el mundo para trabajar en asociación y alcanzar el objetivo de una internet abierta, libre, mundial, interoperable, fiable y segura. No se trata de un documento jurídicamente vinculante, pero sí de un punto de referencia. Lamentablemente, México y otros países latinoamericanos no están en la lista de firmantes y consideramos muy importante que se sumen en el futuro inmediato.

La libertad de expresión bajo la lupa

La preocupación no es menor. En los últimos cinco años hemos asistido a numerosas expresiones de censura. En líneas generales, el 85% de la población mundial ha experimentado una reducción en la libertad de prensa en su propio país y solo en 2016 se aprobaron unas 57 leyes en 44 países lo suficientemente ambiguas, imprecisas y desproporcionadas en términos de las penalidades que proponen como para considerar que amenazan la libertad de expresión.

En el ecosistema digital, en este tiempo, se han bloqueado servicios de noticias en línea, se ha incurrido en espías ilegales a periodistas, se han pirateado sitios web de diversos medios y han avanzado las intenciones de algunos gobiernos de “estrangular” Internet a partir del filtrado de diferentes tipos de contenido o de la ralentización del acceso para disuadir a los usuarios de buscar información en línea. En 2019, por ejemplo, se registraron 213 incidentes de gobiernos que intentaron restringir el  uso de  Internet,  las redes móviles o el uso de redes sociales en grandes extensiones de sus territorios.

En paralelo, crece el escrutinio sobre las relaciones entre los proveedores de servicios digitales y sus usuarios, en especial respecto de la posibilidad que puedan tener los primeros para censurar opiniones. Las discusiones de los alcances de la neutralidad de las redes han rondado durante al menos una década y aún no encuentran una aparente solución. El debate se avivó tras el debate del grado de responsabilidad que tienen las plataformas digitales en la gestión de contenidos sobre la misma y su impacto en la libertad de expresión.

Un punto de inflexión, un momento de oportunidad

Latinoamérica se encuentra en un punto de inflexión en el que la procrastinación ya no tiene lugar y, al mismo tiempo, tampoco se puede caer en la urgencia de hacer las cosas de manera apresurada. Debemos avanzar hacia una cooperación entre las plataformas, los gobiernos y la sociedad civil para una co-regulación. Durante un largo periodo, la única norma existente en Internet fue la “autorregulación”, esto es, la emitida por los proveedores y sus usuarios a través de códigos de conducta y términos de servicio. Esto hace que no sea factible que, súbitamente, el gobierno se constituya en el único agente que regule las conductas en Internet. En este sentido, podrían tomarse como referencia los Principios para la Elaboración de Políticas de Internet de la OCDE, que ayudan a preservar la apertura de Internet y cumplir los objetivos de política pública. 

En conclusión, es imprescindible un diálogo multisectorial que abarque la calidad del debate público, la moderación de contenidos y la alfabetización digital para garantizar el desarrollo de habilidades cívicas. Tres pilares básicos para proteger no solo la libertad de expresión, sino también todos los derechos humanos fundamentales.

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