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Impuestos y servicios digitales: gravar sin afectar

Impuestos y servicios digitales: gravar sin afectar

Por: Sissi De La Peña Mendoza
Gerente de Comercio Digital y Organismos Internacionales ALAI

La presentación del Paquete Económico 2020, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó al Congreso de la Unión, destacó la propuesta de cobro de impuestos a servicios digitales. Al respecto, en ALAI, consideramos fundamental discutir amplia y públicamente el contenido del paquete, pues sus implicaciones para la economía nacional y el desarrollo son de gran alcance.

Consideramos loable la intención de la SHCP de actualizar el marco normativo fiscal nacional, cuyo diseño data de muchas décadas atrás, cuando los servicios digitales no existían. La operación exitosa de estos servicios requiere normas novedosas y flexibles, que permitan la innovación, en beneficio de los usuarios.

Cuando se dio a conocer el contenido del Paquete Económico, en la discusión pública se comentó ampliamente que las empresas de Internet se oponen al cobro de impuestos. Creemos que no es posible avanzar en el debate de un tema tan relevante con desinformación, por lo que es pertinente aclarar que las empresas de Internet no se niegan a pagar impuestos. De hecho, estas empresas han cumplido cabalmente con las obligaciones fiscales que la legislación vigente en México impone.

No obstante, consideramos que en la redefinición de las reglas tributarias es necesario tener en cuenta cuáles son los aspectos que pueden afectar el desarrollo de la economía nacional, la innovación y el ejercicio de derechos fundamentales. Para diseñar un esquema fiscal adecuado es indispensable conocer a fondo el funcionamiento de los diferentes modelos de negocio que se pretende gravar y cómo las nuevas reglas podrían perjudicar su operación.

Por tanto, las empresas, que conocen mejor que nadie su funcionamiento, quieren participar, junto con las autoridades, en la definición de estas nuevas reglas. Además, consideramos oportuno retomar las mejores prácticas internacionales en la materia, teniendo en cuenta que en otros 48 países ya se instrumentan medidas para el cobro de impuestos a servicios digitales. Desde el inicio de esta administración, ALAI y las empresas que la integran han colaborado con la SHCP en esta tarea, pero consideramos que el diálogo no se ha agotado y hay mucho más por discutir.

Entre los otros temas que siguen pendientes en la conversación, destacamos las sanciones desproporcionadas que se proponen por el incumplimiento de las nuevas disposiciones. Consideramos un desacierto amagar con desconectar de Internet a las plataformas que no logren atender las medidas contenidas en el Paquete Económico, pues esto afecta el ejercicio de derechos fundamentales que protege la Constitución Mexicana, como la libertad de expresión.

Al respecto, la comunidad técnica ya se ha pronunciado sobre las complejidad del bloqueo de sitios de Internet, a los cuales podría tomarles días recuperarse después de la desconexión. Por tanto, es necesario que las autoridades tengan en consideración los efectos colaterales inadvertidos que puede causar la ejecución del bloqueo de sitios legítimos sin la pericia adecuada, además de la ineficiencia de la medida, en el caso de que un sitio cuente con más de un nombre de dominio.

En cuanto a las consecuencias no técnicas del bloqueo de sitios, organizaciones de la sociedad civil han destacado los riesgos que la desconexión de sitios representa para la pluralidad, la innovación, así como para el derecho a la privacidad de los usuarios de servicios digitales y han expresado que esta sanción es “abiertamente inconstitucional y violatoria del derecho a la libertad de expresión e información”.

Las empresas que nacieron en Internet son dinámicas y han aprendido a adaptarse al cambio de forma permanente. Sin embargo, hay cambios en las reglas que pueden afectar de forma irreversible el desarrollo de la economía digital e impedir la entrada de nuevos actores al ecosistema digital, que brinda múltiples beneficios para el desarrollo y el bienestar nacionales.

Las reglas adecuadas para la economía digital nos benefician a todos: las autoridades tendrán más claridad sobre los ingresos que pueden recaudar por el cobro de impuestos a servicios digitales; las empresas podrán brindar mejores servicios a los usuarios, mientras cumplen con sus obligaciones fiscales; los nuevos participantes de la economía digital no enfrentarán barreras que limiten o impidan su integración; los usuarios podrán seguir disfrutando de los beneficios que ofrecen los servicios digitales sin que se afecte el ejercicio de sus derechos fundamentales.

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