*Por Raúl Echeberría, Director Ejecutivo de ALAI.

El Manifiesto de la Economía Digital Latinoamericana constituye la novedad más importante de la segunda edición del DigiEcon LATAM 2022, celebrada en esta ocasión en formato híbrido. Cuenta con la participación de catorce cámaras digitales de diez países diferentes. Incluye recomendaciones y propuestas concretas para que el sector público y el privado puedan avanzar en agendas de compromiso.

En su segunda edición, el DigiEcon LATAM -que tuvo este año un formato híbrido, a diferencia de 2021 cuando se celebró de manera enteramente virtual- se consolidó como un espacio de discusión de la economía digital en la región. Los temas tratados en la primera edición fueron retomados pero desde un punto de vista más pragmático, orientado a dar pasos concretos en la dirección deseada, es decir, que nos permitan generar un ambiente favorable para la innovación, el uso de nuevas tecnologías y la promoción de habilidades en un contexto de políticas y regulaciones adecuadas.

Un importante consenso

Uno de los puntos salientes del encuentro fue sin dudas el anuncio del Manifiesto de la Economía Digital Latinoamericana: una declaración pública de principios e intenciones de el sector privado digital de la región que busca congregar a diversos actores de la economía digital que propugnan la innovación y están a la vanguardia en el desarrollo de nuevos servicios y tecnologías para sentar una visión de futuro estratégica que sirva de motor para América Latina. Propone una posición de co-responsabilidad, comprometida y colaborativa y contribuye a la consolidación de una agenda de política pública fundamental para la integración de esta región al mundo y para brindar más oportunidades e inclusión para sus habitantes. 

Incluye recomendaciones y propuestas concretas para facilitar el paso a la acción y, uno de sus aspectos más importantes, integra diferentes perspectivas, ya que cuenta con el apoyo de nada menos que catorce cámaras de diez países diferentes. En efecto, ALAI está acompañada de AMVO (Asociación Mexicana de Venta Online), Brasscom (Asociación Brasileña de Empresas de Tecnologías de la Información y Comunicaciones), Cabase (Cámara Argentina de Internet), Cámara-e.net (Cámara Brasileña de Economía Digital), Cámara TIC de la República Dominicana, CAPACE (Cámara Paraguaya de Comercio Electrónico), Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, Cámara de Comercio Digital y Blockchain de Panamá, CCIT (Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones), CEDU (Cámara de la Economía Digital del Uruguay), CITEC (Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana), Comex Perú (Sociedad de Comercio Exterior del Perú) y CUTI (Cámara Uruguaya de Tecnologías de Información). 

Panel por panel

Durante los paneles, se discutieron principalmente  los aspectos regulatorios haciendo hincapié en que los marcos que surjan deben responder a los objetivos y necesidades de la región. Numerosos oradores hablaron de la inconveniencia de trasladar de manera automática visiones regulatorias de otras geografías. Todos los participantes coincidieron además en la importancia de que estos marcos normativos sean pensados como políticas de Estado: en una región afortunadamente acostumbrada a la democracia y a la alternancia política, es importante pensar estos marcos de manera estratégica, de forma que trasciendan a los gobiernos de turno y permitan habilitar un crecimiento sostenible y de largo plazo.

Respecto al comercio electrónico y el crecimiento económico se puso énfasis en la importancia estratégica que tiene la transformación digital de las MiPyMEs para el éxito regional: de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), éstas representan el 99% de las empresas de América Latina y el Caribe y generan el 67% del empleo de la región. En ese sentido, se vuelve esencial el lanzamiento de planes de apoyo a emprendimientos, la simplificación en la adopción de medios de pagos digitales y la creación de políticas públicas que sean catalizadores y no obstáculos para que puedan participar del mercado.

Inclusión y protección de derechos

La inclusión financiera digital también fue protagonista del encuentro: se trató su papel para lograr que cada vez más personas puedan insertarse en la economía digital y la importancia de tener una perspectiva diversa, de forma que todas las personas y los actores económicos, independientemente del género, la etnia, el lugar de origen o residencia y el tamaño organizacional, puedan participar de este fenómeno.

La protección de los derechos humanos, en un mundo en que avanzan a gran velocidad, con desarrollos como el Metaverso y la Inteligencia Artificial, es esencial para generar confianza en los usuarios para que participen en la economía digital. 

En relación a los marcos normativos, se discutió la necesidad de no contraponer desarrollo y protección de derechos, sino de fortalecer un enfoque propio de la región que apunte a lograr mejoras en la protección y promoción de los derechos humanos al mismo tiempo que genere condiciones favorables para el desarrollo inclusivo y la innovación.

El éxito del encuentro nos permite ser optimistas de cara al futuro: quedó claro que el potencial de la región para crear esos modelos de desarrollo inclusivos, que permitan incorporar la mayor cantidad de actores posibles, es el punto de partida para crear políticas consistentes que nos acompañen al logro de los objetivos.

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