El año 2024 ha sido un año de intenso debate en torno a la propuesta de las grandes operadores de telecomunicaciones (Telcos) de imponer una tasa a los proveedores de contenido de Internet por el tráfico que los usuarios solicitan a través de sus redes.
A lo largo del año, esta discusión ha ocupado un lugar central en diversos foros y eventos en la región, como el Foro de Reguladores de CRC, Andicom, la reunión Ministerial de eLAC, el LACIGF, entre otros.
En Brasil, donde esta discusión se inició hace más tiempo, la creación de la Alianza por la Internet Abierta (AIA) ha sido un hito destacado. Esta iniciativa, que cuenta con la colaboración de organizaciones de diferentes sectores, ha desempeñado un papel crucial al aportar información y análisis al debate público.
La narrativa inicial: Una visión simplista.
La postura de las Telcos se presentó inicialmente de manera directa y simplificada::
a- Las grandes plataformas usan nuestras redes.
b- Nosotros somos quienes invertimos en infraestructura.
c- Las plataformas no contribuyen a estas inversiones.
d- Por lo tanto, no podremos sostener estas inversiones en el futuro si ellas no pagan una tasa.
Sin embargo, esta versión simplificada no logra reflejar la realidad compleja del ecosistema de Internet. En un artículo publicado en agosto de este año, (enlace aquí), se expusieron varios puntos clave que ponen en jaque esta narrativa En primer lugar se expuso que la infraestructura de internet es sostenida por varios actores, no solamente por las Telcos.
Segundo punto expuesto, las plataformas de contenido también realizan inversiones significativas en infraestructura de internet; y por último se explicó que el sistema de interconexión de redes no presenta fallas de mercado, más bien todo lo contrario, opera de manera eficiente, por lo que no hay necesidad justificada de una intervención regulatoria, solo para satisfacer los intereses de uno de esos miembros del ecosistema.
Un cambio de enfoque en el debate
Gracias al trabajo colaborativo de múltiples actores y una participación más activa en el debate público, la narrativa única de las Telcos ha perdido tracción. Hoy, reguladores, miembros del poder ejecutivo, académicos, la comunidad técnica y otros sectores tienen una visión más completa de las implicancias del tema. Esto incluye un entendimiento más claro no solo de la complejidad de la infraestructura de Internet y el rol de los diversos actores, sino también de los riesgos asociados con una intervención regulatoria innecesaria, tales como:incremento de costos, fragmentación de la red, afectación de la Neutralidad de la red, deterioro de la calidad de los servicios, aumento de latencia, etc.
Adicionalmente habría un impacto negativo en la resiliencia e integridad de la infraestructura de redes a nivel nacional ya que se perderían incentivos para el fortalecimiento de puntos de intercambio de tráfico (IXPs), peering a nivel local e instalación de servidores caché, claves para un servicio eficiente y más económico, entre otras consecuencias. Los contenidos, que hoy en día se acceden de forma local, podrían comenzar a accederse desde el exterior, comprometiendo seriamente los logros de los últimos 20 años de desarrollo de interconexiones locales para que los contenidos estén cada vez más cerca de los usuarios.
En definitiva, esta discusión no sólo afecta a las Telcos y a las plataformas de contenido, sino que tiene implicaciones profundas para la estructura de Internet y los derechos de los usuarios. Desde ALAI consideramos esencial mantener el foco en una visión equilibrada y basada en evidencia para evitar decisiones que puedan afectar drásticamente el desarrollo de la internet abierta y accesible en América Latina.