Desde cuestiones tecnológicas, regulatorias y culturales que necesitan ser revisadas hasta mayores niveles de integración y acuerdo entre los sectores público y privado de los diferentes países, la región tiene mucho trabajo por delante para poder capturar esta oportunidad de desarrollo sin precedentes.

Un comercio digital sin fronteras en Latinoamérica, con bajas barreras de entrada para las nuevas empresas que quieran formar parte del negocio -en especial para las MiPyMEs-, regulaciones modernas y una mayor colaboración entre todos los actores involucrados. Estas fueron algunas de las premisas centrales que se debatieron en el reciente evento Potenciando el comercio electrónico transfronterizo: logística y medios de pago, organizado por ALAI y BID-INTAL.

En efecto, crece la evidencia que demuestra que el e-commerce es una pieza clave para el crecimiento económico de los países. La pandemia potenció esta mirada: muchas empresas, entre ellas, una gran cantidad de PyMEs, lograron sobrevivir en tiempos de restricciones gracias a los canales virtuales. Según datos del CEPAL, solo el comercio entre empresas y consumidores podría haber llegado en 2020 a los US$52.000 millones.

“La oportunidad es mucho más grande que la capacidad de transaccionar a nivel local o regional: la economía digital permite llegar con productos y servicios a cualquier rincón del mundo”, señaló durante la charla de apertura Raúl Echeberría, Director Ejecutivo de ALAI. “Sin embargo, el comercio electrónico transfronterizo representa aproximadamente apenas el 14% del volumen del comercio electrónico total en la región”, agregó. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta la región para capitalizar este nuevo escenario?

De la infraestructura a las regulaciones

Una de las barreras que encontramos es la limitación en términos de infraestructura de telecomunicaciones. Datos de BID-INTAL dan cuenta de que apenas el 49% de los latinoamericanos tiene conectividad en su casa o acceso simple a través del hogar de un familiar o un amigo cercano.

El segundo punto está relacionado con la falta de homogeneidad en las normativas y regulaciones entre los diferentes países, en términos impositivos, aduaneros y de cruce y manejo de los datos.

En este sentido, el BID promueve la iniciativa de Bien Público Regional (BPR) para la economía digital. Esto involucra el desarrollo de marcos normativos regionales, legislación armonizada y acuerdos o estándares comunes entre países, además de estrategias y planes de acción sectoriales regionales, diagnósticos y estudios en apoyo a decisiones de inversión o proyectos a nivel regional y metodologías e instrumentos de aplicación regional.

La importancia de la educación financiera

Otro aspecto que requiere de un profundo diálogo entre el sector público y el privado es el de los medios de pago electrónicos. “Si bien desde la pandemia su utilización alcanzó un incremento significativo, en los lugares donde aparecieron regulaciones facilitadoras, fruto de la colaboración entre los gobiernos y los actores del mercado, el crecimiento fue más sustentable y generó mayor confianza en los consumidores”, señaló Sebastián M. Cabello, experto en políticas públicas digitales, consultor, asesor de ALAI y moderador de uno de los paneles del evento.

“El rol de los proveedores de servicios financieros, en especial de las fintech, también es clave: no solo porque están entregando soluciones cada vez más sencillas, que permiten operar sin fricciones ni trabas burocráticas tanto a usuarios como a empresas -particularmente MiPyMEs y pequeños comercios-, sino porque además promueven la educación financiera en temáticas que van desde el cuidado del dinero y la seguridad de las transacciones hasta los mecanismos para validar las operaciones y evitar disputas entre las partes”, indicó Cabello.

El beneficio del desarrollo de los medios de pagos electrónicos excede el comercio electrónico: promueve la inclusión financiera en una región donde aún se registran altos niveles de informalidad. 

“Los pagos digitales son un agente de transformación de la economía muy potentes ya que ayudan a profesionalizar vendedores y esto es clave en nuestra región donde un porcentaje muy alto del comercio se realiza de modo informal”, aportó durante el primer panel Jacobo Cohen Imach, SVP General Counsel – Government Relations en MercadoLibre y Presidente de ALAI. “Elaborar un esquema de simplificación de los distintos regímenes tributarios, que contribuya a que más comercios vendan con medios de pago digitales tiene un impacto positivo en la recaudación y en la información, a la vez que mejora las condiciones de las pymes para acceder a un crédito, manejar mas eficientemente sus finanzas o evitar robos”, agregó.

Las barreras logísticas

La logística también requiere de una articulación entre gobiernos y sector privado. Hasta la fecha, el movimiento de mercancías es reactivo y comienza con el momento en que se ejecuta un pedido. Desde entonces, inicia el tratamiento de la encomienda, los trámites aduaneros y el transporte, lo que puede demorar en nuestra región hasta diez o quince días hasta que el producto llega a las manos del cliente. Según estimaciones, esta demora genera una pérdida del 90% del potencial del comercio electrónico transfronterizo.

En el futuro, debería avanzarse hacia modelos predictivos que puedan mover la cadena de suministro internacional antes de que el artículo sea adquirido y anticipar esos procesos aduaneros complejos. Del mismo modo, una anticipación de quince días permite ganar un 90% de potencial en este tipo de operaciones. Para esto, hay que generar estructuras colaborativas donde los diferentes sectores definan cómo se comparten y qué tipo de gobernanza se aplicará sobre los datos. El modelo ideal es desplegar un intercambio descentralizado basado en estándares producto de acuerdos entre organismos internacionales (como la OMC, la UPU o la Organización Mundial de Aduanas), locales y regionales. La tecnología está disponible: se requiere un verdadero cambio cultural para avanzar sobre este aspecto.

“Mejorar los servicios de logística es una condición necesaria, no solo para el e-commerce, sino para el desarrollo de nuestros países en el mediano plazo”, destacó Cohen Imach.

El futuro del comercio electrónico transfronterizo

En conclusión, el comercio electrónico transfronterizo representa una enorme oportunidad para dinamizar las economías regionales, impulsar la fuerza exportadora de las MiPyMEs, promover la inclusión financiera a lo largo de toda Latinoamérica y propiciar que cada vez más personas puedan insertarse de las nuevas cadenas de valor tecnológico.

Para que todo eso ocurra, debemos atravesar una serie de desafíos, no solo de índole digital, sino también cultural, apoyados en tres grandes dimensiones: las regulaciones -incluyendo la colaboración entre diferentes países para desplegar estándares y marcos normativos homogeneizados-, la oferta -con propuestas cada vez más sencillas y con menos intermediaciones para optimizar los costos- y la demanda -con una educación financiera y digital más profunda que genere mayores niveles de confianza-.

“La economía digital no tiene fronteras ni compartimentos estancos: su éxito será producto de la capacidad de nuestros países de generar las alianzas, las integraciones y los mecanismos de colaboración necesarios para hacer de esta oportunidad un motor de desarrollo económico y social para Latinoamérica”, concluyó Cabello.

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