Nuestra Gerente de Comercio Digital Sissi De La Peña explica los alcances del nuevo paquete fiscal.
Hagamos un repaso
Durante el 2019 el gobierno de México presentó el Paquete Fiscal 2020 que incluyó modificaciones a la Ley de Ingresos y a la Ley del IVA, incorporando impuestos a los productos digitales. Estos impuestos no se habían tenido en cuenta en la Ley vigente al 2019, ya que ésta databa de 1970, cuando empresas como Google y Amazon aún no habían nacido.
Desde principios de 2019, y de manera voluntaria, ALAI, como representante del desarrollo de la economía digital en la región, inició conversaciones con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para lograr de manera conjunta una propuesta que incluyera la recaudación de impuestos de los productos digitales que hoy en día se transaccionan en el país. Así se había establecido en los criterios de política económica a principios de esta administración. Cabe destacar que con esta iniciativa de propiciar el diálogo, las empresas socias de ALAI dejaban claro que no se oponían al pago de los impuestos a los productos digitales, siempre y cuando la propuesta no afectara a la economía digital del país y a sus usuarios.
Después de este proceso de diálogo – que desafortunadamente no se agotó en su totalidad – y que se llevó a cabo con el Gobierno Federal y varios actores relevantes en ambas Cámaras del Legislativo, la Ley finalmente se aprobó en noviembre y entró en vigor en enero del 2020, quedando las plataformas digitales como retenedores del IVA (Impuesto al Valor Agregado) y el ISR (Impuesto sobre la Renta).
Se trató de un largo camino para la regulación fiscal de la nueva economía digital. En ese contexto, las empresas involucradas tendrán hasta el mes de junio del presente año para pagar el IVA, que terminará afectando el precio de los productos y servicios que se transaccionan a través de una plataforma digital.
Consecuencias de la ley
Son dos los impuestos enmarcados en esta nueva ley: el IVA y el ISR o impuesto al servicio de aquellos que transaccionan en una plataforma digital. El IVA es un impuesto al producto diseñado para ser trasladado al usuario final, mientras que el ISR es el impuesto sobre la ganancia de quienes ofrecen algún tipo de servicio en una plataforma digital.
Muchos trabajadores y pequeños empresarios utilizan las plataformas digitales para generar sus propios emprendimientos (tal es el caso de la economía colaborativa) y/o comercializar sus productos a mercados nacionales y globales sin la necesidad de contar con presencia física en el lugar donde se realizan las ventas. Esto, no solo ha abierto la ventana del comercio exterior a los pequeños emprendedores, sino que ha servido también para formalizar a aquellos que comercializaban en el sector informal. Si el comercio digital experimenta nuevos sistemas de cobro de impuestos digitales que reduzcan la ganancia de los nuevos emprendedores digitales y que impongan barreras al comercio digital, podría traer como consecuencia que estos ciudadanos vuelvan a la economía informal, dejando de pagar los impuestos, y en consecuencia, perjudicando la idea de recaudación del Estado.
Nuestra posición
Sissi De La Peña se refirió a estas disposiciones. Desde que comenzaron las conversaciones con la Secretaría de Hacienda del Gobierno de México estuvimos dispuestos a dialogar y asesorar a las autoridades y seguimos con toda la voluntad de continuar en ese sentido para que la reforma fiscal sea beneficiosa para todos. “Este será un “ganar ganar” para todas las partes, si logramos junto con la autoridad implementar una metodología que sea flexible y amigable para los usuarios que transaccionan en las plataformas digitales. Así, los objetivos de recaudación de la reforma fiscal se alcanzarán sin afectar el desarrollo de la economía digital”, explicó.
En ese sentido, ALAI continúa las conversaciones con el Servicio de Administración Tributario (SAT) para aclarar los detalles de la implementación que no han quedado detallados en la Ley y que pueden afectar a los usuarios de las plataformas, desincentivando su uso.
No por ser una plataforma digital significa que todas operan bajo el mismo modelo de negocios, por lo cual es complicado aplicar la misma fórmula o un modelo de impuestos simplificado. Es importante que el sistema no recaiga en desigualdades con respecto a las empresas y a los ciudadanos que utilizan estas plataformas para generar sus propios emprendimientos.
Los interrogantes que quedan
Como venimos explicando, es necesario que las plataformas paguen impuestos, pero sin afectar al desarrollo de la economía digital. Una de las complicaciones a resolver reside en las características globales de esta nueva economía.
“Cada país puede analizar con cuidado cuáles son las condiciones en las que se encuentran para diseñar sistemas adecuados y que estén cumpliendo los objetivos de hacer una recolección de impuestos de aquellos servicios digitales sin quitar incentivos”, entiende Sissi De La Peña y finaliza refiriéndose al comercio transfronterizo: “Gracias a la naturaleza misma de la economía digital hemos podido importar o exportar productos a nivel global de una forma simplificada. Con ello también vienen pros y contras. Lo que pedimos es tener normas homologadas porque si al final de cuentas todos los países empiezan a incorporar normativas locales y restrictivas, se estaría yendo en contra de la economía global y sin fronteras. No tienen que ser las mismas normas en todos los países porque hay características nacionales distintas, pero sí, con componentes homologados que permitan a la economía digital implementarse o desarrollarse de manera fluida”.
Por eso queremos continuar el diálogo para forjar un sistema justo para todos.